Es un escándalo en toda regla.
Uno más en la larga lista que se viene perpetrando desde que Pedro Sánchez accedió en junio de 2018 a La Moncloa.
Lo cierto es que ya se veía venir que los dos presidentes de la Junta de Andalucía, ambos del PSOE, manchados por el tema de los ERE irregulares, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acabarían por tener un futuro penal bastante despejado.
Y es que, al más puro estilo sanchista con aquella famosa bravata -«¿de quién depende la Fiscalía? ¿de quién?»-, el Ejecutivo recurre a una fórmula similar con el Tribunal Constitucional.
Por ello, tras conocer que, de momento, a Manuel Chaves se le libra de la condena por prevaricación, todo apunta a que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, está ejecutando a la perfección los deseos del inquilino de La Moncloa para evitar que lo de los ERE le acabe pasando factura al PSOE.
El Pleno del Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo interpuesto por Chaves contra su condena a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.
Esta instancia consideró que se vulneró el derecho a la legalidad penal y ordenó retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo que sea respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.
Mientras, en el caso del otro mandatario socialista, José Antonio Griñán, se acuerda la íntegra nulidad de las resoluciones impugnadas en relación a la condena de malversación de caudales públicos.
Según el Tribunal Constitucional, la condena del Tribunal Supremo carecía de todo soporte constitucional, si bien solo anuló parcialmente la condena sobre el delito de prevaricación.
Y es que el TC consideró que se vulneró el derecho de legalidad penal de Griñán al ser condenado por un delito de prevaricación continuada en la concesión de las ayudas socio laborales a través del proyecto de Ley de presupuestos en los años 2005 a 2009 y por haber participado en las modificaciones presupuestarias de los mismos años, de 2005 a 2008.
Pero apuntó que no es lesiva del derecho a la legalidad penal la condena por delito de prevaricación en su intervención en la aprobación de la modificación presupuestaria de 9 de diciembre de 2004, por la que se incrementaron los créditos correspondieres al programa de concesión de ayudas.
